Abinader agarró de sorpresa a todo el mundo en LA Semanal del lunes 8 de abril del presente año, porque el tema principal fue la presentación del nuevo proyecto de Ley Sobre Libertad de Expresión y Medios de Comunicación, mandará para el Congreso esta misma semana.

Esta ley viene a sustituir la Ley 61-32 de Libertad de Expresión y Medios de Comunicación, que es del año 1962 (justo al salir de la dictadura), y que realmente fue copiada de una ley francesa del siglo XIX. Así que obviamente había que adaptar esta ley a los nuevos tiempos, sobre todo ahora en la era del Internet y sus redes sociales. De paso aprovecharon y juntaron en una sola ley todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión en prensa escrita, radio, TV, espectáculos públicos y el internet.

De la controversia al consenso

En el 2022, una senadora del PRM sometió un proyecto de ley para regular el Ejercicio del Derecho a la Intimidad, el Honor, el Buen Nombre y la Propia Imagen. Esa ley se aprobó en el Senado, pero en la Cámara de Diputados murió por el verdadero escándalo que se armó. En aquel momento, la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) señaló siete puntos con los que no estaba de acuerdo, sobre todo porque abría algunas puertas para la censura de la libertad de expresión. Tanto así que la apodaron «ley mordaza».

Esa ley no abarcaba todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión, así que ante su fracaso, el gobierno formó una comisión para sustituir la ley de 1962. Esta vez sí incluyeron a la gente de la SDD, a la Sociedad de Periodistas y a expertos en la materia. Ellos se pasaron 2 años consultando con la ONU, con la Sociedad Interamericana de Prensa, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la Asociación de Radiodifusoras y con varias universidades, y de allá para acá vinieron con este proyecto de ley.

¿Coerción o protección?

Se supone que esta ley elimina todas las preocupaciones que había en aquel momento. Una de las cosas que propone es sustituir la Comisión de Espectáculos Públicos por un Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), que sería un organismo que corra con sus propios pies para evitar la dependencia del gobierno central.

Otra cosa es que declara el Internet como un derecho universal y como una obligación del Estado el facilitarlo y proveerlo a todos los ciudadanos. Además, contempla la protección del derecho de los usuarios a expresarse libremente. Pero dice que ese derecho no es absoluto, y busca proteger a las personas de las agresiones a su honor, imagen, intimidad y dignidad, etc.

La Constitución tiene algunos límites ya en cuanto al derecho a la libertad de expresión. En el artículo 49 dice que se deberá ejercer respetando el derecho al honor, la intimidad, la dignidad y moral de las personas y la protección de la juventud y de la infancia.

¿Habrá preocupaciones?

Ya veremos, cuando sometan el proyecto y comiencen a discutirlo en el Congreso y en los medios. Pero de inicio se sabe que una de las cosas que quitaron de la «ley mordaza» es que se responsabilizaba al dueño del medio por cualquier difamación o injuria en la que cayera un periodista de ese medio, y ahora el responsable será quien dio la información. Otra cosa es que dejará en manos de la justicia ordinaria cualquier posible delito de difamación, que ya hoy en día es regulado por la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.