La Junta Central Electoral debe casi un millón de dólares por una campaña de registro de votantes que organizó en Nueva York en 2023. Eso viene de un pleito legal que nunca se resolvió, y ahora le puede costar la oficina que la institución tiene en Manhattan con todo lo que hay dentro. Un alguacil puede subastar las computadoras, los muebles y las obras de arte de esa sede el primero de octubre, a las 9 a.m., si la Junta no paga completo con 72 horas de margen.

¿De dónde salió la deuda?

Todo empezó el 30 de octubre de 2023, cuando la JCE hizo un acuerdo con Latin Events, la empresa que organizó la serie de "Titanes del Caribe" entre Águilas y Licey en el Citi Field de los Mets ese año. Dentro de ese millón iban, según Latin Events, 600 mil dólares para boletos, comida del público y publicidad de la serie, jugada en noviembre de 2023. La Junta transfirió 230 mil dólares en mayo de 2024.

Cada uno con su versión

La JCE sostiene que nunca autorizó nada más allá de esos 230 mil dólares. Ni el Pleno ni el presidente firmaron para lo otro, dijo la institución en un comunicado. Latin Events, por el otro lado, reclama el resto: unos 770 mil dólares más intereses.

Cuenta la propia JCE que la notificación del proceso llegó al consulado dominicano en Nueva York, no a su sede en Santo Domingo. Por eso nunca se presentó a defenderse, y un tribunal terminó dictando sentencia en rebeldía a finales de noviembre de 2025. El monto final, 838,337.50 dólares, lo fijó el juez P. Kevin Castel en marzo de este año.

El lío ya es allá, no aquí

Un tribunal del Distrito Nacional homologó la sentencia de Nueva York el 29 de 

junio de este año. La JCE apeló esa homologación el 16 de julio. Ese mismo día, Latin Events le pidió a Banreservas que congelara 108.7 millones de pesos de la Junta, el doble de la deuda, como colchón por los intereses. Tres días después, el banco dijo que no iba congelar nada porque la ley protege los fondos públicos de cualquier embargo mientras no exista una sentencia con carácter definitivo en el país. La Junta apeló aquí, y esa decisión sigue pendiente.

El detalle es que, según el abogado de Latin Events, Julio Cury, esa sentencia de Nueva York ya es definitiva e irrevocable, porque la JCE dejó pasar el plazo para apelarla allá mismo en Estados Unidos. Lo que la Junta apela en los tribunales dominicanos es otra cosa: la homologación, es decir, el aval que el tribunal de aquí le dio a la sentencia extranjera para que también tenga fuerza legal en el país. Son procesos distintos. El fallo que amenaza con la subasta ya se decidió en EE. UU.

La cuenta llegó a Manhattan

El 20 de agosto, la sentencia se registró formalmente ante la Secretaría del Condado de Nueva York para poder ejecutarse. El 6 de septiembre, el alguacil Martin A. Bienstock notificó el aviso de embargo sobre los bienes de la oficina de la JCE en el 1501 de Broadway. Con los intereses acumulados, la cuenta ya subió a 982,261.88 dólares, la cifra que ahora se intenta ejecutar. La orden cubre todo lo que hay en esa oficina: computadoras, impresoras, televisores, mobiliario y las obras de arte que la decoran.

Silencio total

Cury dice que lo único que queda por discutir aquí no es si se paga, sino cuánto más se suma por cada día de retraso. La JCE, mientras tanto, no ha dicho una palabra sobre lo que le espera el 1 de octubre.