Explotó el SeNaSa 2.0. Le pusieron Operación Cobra 2.0-A, y la A tiene mucho sentido porque este es el inicio. Los allanamientos del viernes destaparon un supuesto grupo corrupto donde había tanto exempleados del SeNaSA como médicos y particulares a los que atribuye 4,363 autorizaciones médicas irregulares por RD$41.1 millones. 

Si te suena ese número, es porque este es exactamente el esquema que denunciaba Julissa Céspedes en su reportaje hace un año, en septiembre del 2025.

El tema es que ese monto mínimo en comparación a los 15 mil millones de pesos que dicen que “se manejaron mal” según el caso original, por lo que se asume que después de la A vienen otras letras del abecedario. Lo que no se sabe es cuánto tiempo se tomarán ahora.

¿Cómo operaba este grupo? Vamos a ver qué dice la acusación del Ministerio Público.

Un call center para el fraude

La supuesta red no necesitaba estar en los hospitales ni hacer cirugías reales. Todo se orquestaba a través de computadoras y llamadas desde la comodidad de sus escritorios:

Empleados de SeNaSa con acceso a las bases de datos internas buscaban a afiliados que casi no utilizaban su seguro o que vivían en zonas apartadas. La lógica es que si la persona no usa el seguro, no revisa los estados de cuenta y no se dará cuenta de lo que se facture a su nombre.

Usando identidades falsas (nombres ficticios como "Pedro Martínez" o "Ángel Beltré"), ellos mismos llamaban al call center de SeNaSa para solicitar autorizaciones de cirugías menores, consultas y procedimientos.

Por el otro lado estaban más de 20 doctores, entre cirujanos, ortopedas, ginecólogos y otros, que alquilaban sus códigos, sellos y firmas para validar los formularios falsos. Se pusieron tan creativos que registraron y facturaron consultas ginecológicas a nombre de hombres.

Una vez SENASA aprobaba y depositaba el pago en las cuentas de los médicos, estos se quedaban con una comisión y transferían o entregaban en efectivo entre un 40% y un 60% del dinero a los coordinadores del fraude.

Para evitar que se prendieran las alarmas de los bancos por transferencias sin justificación, en el concepto del depósito colocaban frases como "pago a san de madre", "San de tu madre" o "pago préstamo".

¿Quiénes son los imputados?

Este viernes, durante una serie de allanamientos simultáneos el Ministerio Público arrestó a unas 28 personas, allanó un apartamento por error y terminó dejando en libertad a algunos de los arrestados. Uno de ellos fue el especialista en fertilidad y reproducción Steven Rabassa, quien a través de sus redes sociales se desligó del caso y agradeció a las autoridades el trato recibido durante la investigación.

En su solicitud de medidas de coerción los fiscales señalan a dos grupos clave que, según la acusación, eran cómplices:

• Grupo 1: El núcleo de SENASA y coordinadores, encabezado por Ángel Luís Guzmán Vásquez (ex auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas) y su hermano Angeury Guzmán Vásquez. Junto a ellos aparecen Heidy Coronado Paulino (auxiliar del área) y Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova (supervisor de servicios a usuarios), entre otros. Guzmán ya está acusado desde el caso original.
• Grupo 2: Al menos 21 profesionales de la salud que facilitaron su exequátur y firma. Entre los imputados hay especialistas en cirugía general, ortopedia y traumatología, cardiología y medicina interna, y otras.

El Ministerio Público los acusa de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación y uso de documentos falsos, y lavado de activos.

El Ministerio Público le pasó al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) la lista de los usuarios afectados y los formularios de reclamación que, supuestamente, habían sido firmados por ellos. Según las investigaciones, las firmas fueron falsificadas.

Acuérdate que eso se queda grabado

Uno de los elementos más contundentes presentados por la PEPCA es la transcripción de una llamada telefónica interceptada el 4 de marzo de 2025 entre dos de los implicados: Ángel Luís Guzmán Vásquez y Starky Rodríguez Nova.

Ángel llamó atareado a Starky después de un reportaje periodístico donde se revelaba que las autoridades investigaban tres números telefónicos desde los cuales se autorizaron más de 40 millones de pesos en fraudes entre 2021 y 2024. Al revisar los dígitos tapados en la televisión, se dieron cuenta de que eran sus números personales.

En el atareo de la conversación, Ángel dice que hay que borrar rastros y propone cambiar de números de teléfono y WhatsApp, mientras Starky intenta armar una coartada improvisada diciendo que la historia a decir era que desde su teléfono "nunca se llamó". Querían coordinar una versión compartida.

Ángel le frena el optimismo recordándole que en materia de telecomunicaciones la coartada no sirve: "Acuérdate que el Gobierno e INDOTEL tienen esas llamadas grabadas desde hace tiempo y no se les va a pasar, seguro las tiene todas esas llamadas".

Tras aceptar que no había mucho que hacer, la llamada concluye con la única opción lógica que les quedaba: salir corriendo a buscar un abogado.

¿Qué sigue ahora?

El Ministerio Público pidió 18 meses de prisión preventiva para los 25 imputados. También solicitó que se declare el caso complejo ––esto le da más tiempo a la Fiscalía para investigar –– por la cantidad de imputados, la cantidad de víctimas (tanto el Estado como los afiliados suplantados) y el masivo volumen de pruebas y financieras por analizar. En los próximos días se fijará la audiencia para el conocimiento de las medidas de coerción contra los implicados.