La Policía Nacional presentó este 1 de octubre una base de datos con 53,877 órdenes de arresto pendientes. La información la dio su vocero, el coronel Diego Pesqueira, junto al general Pedro Ignacio Matos Pérez, director de Investigaciones Criminales (DICRIM), que es la dirección policial que investiga delitos y ubica a los buscados. 

Una orden de arresto es un documento firmado por un juez que autoriza a la Policía a detener a una persona y presentarla ante la justicia. La cifra llega en momentos en que se discute si "poner en 29″ a presuntos delincuentes se ha vuelto una política de Estado frente a la inseguridad. La propia Policía puso sobre la mesa unos números que apuntan a otro problema, el de un sistema de capturas y de justicia que no está funcionando como manda la ley.

Todo de a mucho

Pesqueira aclaró que se trata de órdenes y no de personas, porque una misma persona puede acumular varias. Por tipo de delito, hay 17,635 por violencia intrafamiliar, 11,587 por robos, 5,951 por agresiones físicas, 4,018 por agresiones sexuales, 2,761 por delitos cibernéticos, 2,681 por homicidios y 1,630 por amenazas. El resto cae en otras categorías. 

Sumadas, las órdenes por violencia intrafamiliar, agresiones físicas y agresiones sexuales llegan a 27,604, algo más de la mitad del total. Las de homicidio son una de cada veinte, y corresponden a 2,548 personas. El propio vocero lo resumió al decir que "no solamente buscamos a los delincuentes que maten y que roben".

Lo que la Policía no dijo 

En lo que publicaron los medios que cubrieron la rueda de prensa no aparece cuántas órdenes se ejecutan cada mes, cuánto tarda la Policía en cumplir una, ni cuántos agentes se dedican a eso. Sobre la antigüedad, Pesqueira solo dijo que varias órdenes son desde 2023. Según El Nacional, la base también incluye órdenes de 2009 y 2010, y la digitalización de los registros empezó en 2020. Eso significa que algunas órdenes llevan más de quince años sin cumplirse ni cerrarse.

Lo que sí dijeron es que 73 personas acumulan varias órdenes, y una sola persona tiene 41. La Policía también dijo que 107 personas se entregaron desde inicios de septiembre. Frente a más de 53 mil órdenes de arresto, esa cifra luce minúscula.

En la cárcel no cabe más nadie

La prisión preventiva es la medida que mantiene preso a un acusado mientras se le juzga, antes de que exista una condena. En febrero de 2026, según la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, que administra las cárceles, había 25,878 personas presas, el 65.5% de ellas preventivas y con un 147% de ocupación. Dicho en simple, dos de cada tres presos todavía esperaban una decisión definitiva y las cárceles alojaban casi una vez y media su capacidad.

La procuradora Yeni Berenice Reynoso pidió a finales de septiembre no mezclar dos cosas distintas, el porcentaje de preventivas entre las medidas que piden los fiscales y el porcentaje de preventivos dentro de las cárceles. Dijo que "no es lo mismo". La cifra de las cárceles no prueba que el sistema sea blando. Muestra que mucha gente espera adentro y que decidir cada caso tarda.

El gobierno dice que el delito baja

La Fuerza de Tarea Conjunta, que según Noticias SIN encabeza el presidente Luis Abinader, informó el 28 de septiembre una tasa de homicidios de 7.36 por cada 100,000 habitantes hasta el 25 de ese mes, frente a 8.74 el año anterior. Eso es poco más de siete homicidios por cada 100,000 personas. Los robos bajaron 40.5%, de 5,891 casos a 3,504 en el mismo período.

Esos números ayudan al argumento oficial, pero no dicen nada sobre las órdenes pendientes ni sobre las muertes en operativos. Tampoco se encontró ningún estudio ni declaración oficial que demuestre que la lentitud de los tribunales cause las muertes, o que estos expliquen la baja del delito. Esa conexión sigue siendo una pregunta.

Dónde está la situación

Hoy hay 53,877 órdenes de arresto sin ejecutar, algunas desde hace años. Las cárceles están por encima de su capacidad y con mayoría de presos sin condena. Los operativos están dejando decenas de muertos, y el caso más conocido de una posible ejecución policial (el de La Barranquita, Santiago) lleva más de un año sin acusación formal.

La Policía sabe decir cuántas órdenes tiene guardadas, pero no ha dicho cuántas cumple por mes. Uno no quisiera pensar que resulta más fácil anunciar que se va a buscar a alguien "no importa dónde se meta" que explicar por qué tantas órdenes con nombre y apellido siguen esperando.