Las exoneraciones de vehículos a los legisladores, aunque en su origen fueron diseñadas con un propósito de dignificar la labor pública, se han convertido en un privilegio que muchos han abusado de manera evidente. Este tipo de beneficios no solo distorsionan el verdadero propósito de la ley, sino que alimentan la desconfianza en las instituciones y perpetúan la impunidad.