¿Recuerdas a los operadores y empleados del Metro que marcharon hacia el Palacio Nacional pidiendo unas mejoras, y después los botaron sin pagarles las prestaciones? Bueno, pues recientemente, desde El Brifin hablamos con uno de los empleados y vimos la sentencia judicial que les daba la razón, pero aún así los tienen jalando aire. Hagamos primero un pequeño recuento para entender bien el asunto.
En el 2020, cuando llegó el nuevo gobierno, en la OPRET hubo cancelaciones masivas y prometieron unos aumentos de sueldos y otras cosas a quienes se quedaron. A finales del 2022, siguieron las cancelaciones y más de 100 operadores, agentes y conductores del Metro de Santo Domingo, se fueron a huelga pidiendo mejoras laborales que llevaban años reclamando. Por ejemplo: mejores salarios, pago de horas nocturnas, prestaciones para los empleados que habían sacado, y que les permitieran agruparse bajo una asociación (que es como sindicalizarse).
La cosa se fue poniendo cada vez más agria, y después de un acuerdo firmado que no se cumplió en su totalidad, llegó un momento en el que el grupo dijo que iría a trabajar, pero sin ponerle ni un dedo a ningún tren. El director de la OPRET (Oficina para el Reordenamiento del Transporte, que se encarga de operar el Metro) buscó gente para sustituirlos, y dijo que todo el que se negara a trabajar iba botao, porque esos eran «actos de terrorismo» (porque el Metro es un servicio esencial para el país, y en ese caso las huelgas llevan un procedimiento mucho más complicado que cualquier protesta típica).
En una marcharon hacia el Palacio, y cuando volvieron les pidieron que firmaran unas sanciones para poder volver (pero esas sanciones justificarían los despidos). Ellos se negaron, porque no era una «huelga», sino una pausa en sus funciones. Ahí botaron a más de 120 empleados, y comenzó un nuevo pleito por las prestaciones. Les llegaron a ofrecer unos cheques, pero la mayoría no los cogió porque decían que era menos de lo que les debían. Ese pleito se fue a los tribunales, y hasta el sol de hoy no se había vuelto a hablar de eso (salvo la vez que chocaron dos trenes, y muchos se lo achacaron a la inexperiencia de los que entraron a sustituir a los botados).
Dime de la sentencia
Fast-forward a principios de este año, y el Tribunal Superior Administrativo emitió una sentencia (0030-04-2024-SSEN-00076) que mandaba a la OPRET a pagarles a 114 de los exempleados un pago de un sueldo por cada año trabajado. Algunos de ellos duraron 15 años ahí, desde que el Metro abrió, así que tira los números.
Pero ahora dicen ellos que a pesar de la decisión del tribunal, que les daba 3 días hábiles para pagar, todavía no les han dado ni un chele. Ahora ellos, según nos contó una fuente directa, están contemplando llevar el pleito legal más allá, lo que podría llevar incluso hasta un embargo de las cuentas de la OPRET.
